Otro gran pastel secreto y otra arbitrariedad colosal

Por Rogelio Manuel Díaz Moreno

 

No hace ni seis meses nuestro joven canciller, Bruno Rodríguez, le explicaba a los cubanos residentes en Estados Unidos las razones por las que no podían invertir en su país de origen. Cuentan, ahora, que otro funcionario diplomático les anda explicando cómo se prepara una ley de inversiones diferente, que sí les permitirá esta posibilidad.

 

En algún momento los analistas habrá que reconocer que este gobierno está sacudiendo hasta los cimientos mismos del viejo sistema –bueno, al menos en su parte económica. Sin embargo, siempre encontramos que cada transformación adolece del mismo elemento: la falta de elaboración interactiva y democrática entre gobierno, trabajadores, intelectuales y todos los interesados en general. Cuando aterrice este nuevo meteoro, la sociedad civil cubana se va a desayunar con un nuevo plato, en cuyo cocido no tuvo arte ni parte, a pesar del mucho interés que obligatoriamente le despierte.

 

Para empezar a acumular desordenadamente algunas opiniones, empezaré con la parte de justicia. Hay que alegrarse de que haya cesado la discriminación de los nacionales emigrados, puesto que hace rato se les otorgaba en exclusiva a los extranjeros esta importante potestad.

 

Después, se deben señalar otras posibles ventajas para muchos. Estará la entrada de capital al país; la fortuna de estrechar relaciones con los familiares allende el mar, y de aportes valiosos para aliviar la estrechez económica. Tampoco se puede pasar por alto que cada inversor cubano-americano será una voz más, opuesta a aquellas legislaciones de los propios Estados Unidos, que aprietan económicamente la economía cubana, como el embargo/bloqueo, la persecución de las actividades financieras cubanas por el resto del mundo, las restricciones de viajes contra los ciudadanos cubano-americanos, entre otras.

 

O sea, que aquí hay muchas potencialidades de beneficio, tanto para inversores como para los otros participantes de las nuevas iniciativas que se podrán generar. Pero, ahí mismo es donde hay que tener grandes cuidados.

 

Los emigrados cubanos con capital para invertir en su patria, lo han acumulado o reproducido en una sociedad radicalmente diferente de la nuestra. No me interesa ahora juzgar o comparar o decir que una es mejor y otra peor; simplemente es necesario partir del hecho de que las filosofías de vida a un lado y otro del estrecho de la Florida son bien distintas. Y la cooperación entre ambas esferas, es necesaria, justa y prometedora; pero por el hecho innegable de las diferencias socio-económicas, debe ser conducida cuidadosamente.

 

Los adalides de nuestro gobierno, como bien sabemos, se venden como los mejores y únicos posibles conductores de estos procesos. Para el lado de acá, abajo y a la izquierda, nos reservan el derecho de acatar y aplaudir. Por supuesto, nosotros guardamos otras opiniones. En lo que ganamos los medios para ejercer mayor influencia, las divulgamos y explicamos con toda la sinceridad, objetividad y sentido de la urgencia que somos capaces de despertar.

 

Quien aduzca que el secreto es necesario para el buen término de ciertas empresas, se ganaría un rotundo mentís, puesto que ya se conoce de las conversaciones del gobierno con la emigración sobre este tema. En todo caso, el secreto es para los de acá, para que no se produzca un clima de cuestionamiento, de opinión o presión popular. Que muchos motivos tendría el pueblo para desear prepararse con antelación.

 

El emigrante cubano, inversionista en Cuba, insistirá naturalmente en reglas parecidas a las del espacio donde obtuvo su capital: la tierra de los capitalistas más poderosos y experimentados del mundo, y el trono del neoliberalismo. Esto vuelve aún más irónicas, si cabe, las declaraciones oficiales de que el actual proceso de reformas es para "perfeccionar y actualizar el socialismo". A ver qué perspectivas habría de convencer a Saladrigas y compañía, de que vengan para ayudar al comunismo en Cuba. No señor. Esto será una relación de negocios. El escándalo sería mayúsculo, si se revela la existencia de un espacio de negociaciones entre gobierno cubano y junta de capitalistas cubano-americanos, más consolidado que  con los propios trabajadores de aquí.

 

Porque, obviamente, a los cubiches del Archipiélago no nos tocará otro papel que el de poner la mano de obra. Y, para negociar en nombre de los trabajadores cubanos, no parece que el mejor representante sea un gobierno que nos mantiene con salarios microscópicos, nos niega el derecho de huelga, de organizarnos independientemente, y cierra sin escrúpulos las empresas que no dejen suficientes ganancias. Que se queda con las tres cuartas partes, o más, de los ingresos por los cooperantes en el extranjero. Que desvía hacia sí los salarios devengados por los que trabajan para firmas extranjeras, y los sustituye por una suma en la devaluada moneda nacional. Menos todavía puede hablar, en nombre de trabajadores como este servidor, una central sindical sumisamente plegada a la autoridad suprema.

 

Con esos representantes, el recelo obvio es que nos vuelva a tocar la parte estrecha del embudo; aportar la mano de obra de alta calificación, a cambio del 5 o tal vez el 10% de lo que sería un salario normal. Y reclamar derechos laborales como el camino más expedito hacia la puerta de salida.

 

Tampoco me parece un disparate cuestionar si, en la nueva ley de inversiones, se han tomado las provisiones necesarias para atajar las manifestaciones que podrían producirse, de discriminación por motivos de raza, género, orientación sexual o cualquier otra, lesiva a la dignidad humana.

 

Y para cerrar estos apresurados borrones, cabe preguntar si una ley como esta no obliga a replantear otros asuntos más o menos relacionados. Por ejemplo, la fundamentada queja de estos mismos emigrados, sobre los problemas con el pasaporte y los permisos de entrada a su país, que serían aún más injustas ahora que se les está recibiendo su dinero en inversiones –además de las ya acostumbradas remesas. O sinsentidos como la proscripción de los deportistas emigrados. ¿Se imaginan que Dayron Robles pueda gerenciar un hostal en Cuba, y el INDER le siga negando competir, ya sea por su patria o por donde estime conveniente? ¿Qué Yasiel Puig opere una academia deportiva turística en Varadero, pero no pueda integrar la selección nacional de béisbol al torneo Clásico Mundial?

 

En resumen, que todos los que cortan el bacalao en este importantísimo asunto, cometen otro atropello contra los derechos del pueblo cubano, al administrar unilateralmente la importante cuestión.