Para esta ocasión, solo quería referirme a un pequeño fragmento de esta, que creo de particular interés. El párrafo 169 constituye, a mi entender, el más significativo de los cambios conceptualizantes, pues define por primera vez en 50 y tantos años del actual sistema, que la persona de nacionalidad cubana, de carácter privado o privada, tendrá la potestad de invertir en una empresa de propiedad mixta.
Entre las contradicciones lógicas y sistémicas de nuestras inefables autoridades, esta ocupará un lugar destacadísimo. Luego podríamos ver los temas “menores” de la justicia, naturaleza y trascendencia del asunto.
La Constitución cubana y otros principios rectores que determinan el socialismo, incluida la dichosa Conceptualización, establecen que los grandes medios de producción son propiedad de todo el pueblo cubano. Mía también, por ejemplo, ya que formo parte del tal pueblo. Y que el Estado los administra, en mi nombre y representación. Ahora resulta que, si yo tengo disponible cierto capital, podré proponerle al Estado –mi representante en la propiedad de todas las empresas– hacer de una de ellas, un emprendimiento mixto, para hacerme co-propietario de algo que ya era mío.
Mientras yo era el propietario de la empresa estatal socialista, la dirección y administración de aquella estaba en manos de mi representante. Yo no podía entrometerme mucho. A lo sumo, si llega a ser mi centro de trabajo, podría expresar mi aprobación periódicamente sobre cómo van las cosas. Y hasta mi desaprobación, si no tuviera el temor de que la dirección del centro me declare “no idóneo”, “disponible” y perder el puesto. Yo no tenía ninguna potestad sobre dicha dirección, representantes de mi representante.
Al hacerme co-propietario en una empresa mixta, todo cambiaría. Saco de dinero por medio, podría cambiar a los directivos que me diera la gana. Podré establecer cambios en los modos administrativos, organización del trabajo, líneas de producción. En suma, podré ejercer, como co-propietario, derechos que antes, como propietario, no se me reconocían.
Veamos ahora a las demás personas involucradas. El resto de la ciudadanía cubana, antes propietaria a través del Estado, de la hipotética empresa convertida en mixta, por lógica, pasa a ser también co-propietaria, conmigo. Sin embargo, no ganará en potestades en igual medida, más bien las perderá, puesto que yo, que invertí en el negocio como cualquier capitalista respetable, apretaré cuanta tuerca me sea posible para aumentar mi ganancia. Las leyes me permitirán racionalizar plantillas. Podré exigir mayores jornadas de trabajo, debilitar derechos laborales, y despediré a quienes no aumenten su rendimiento a mi gusto. Y si, a pesar de todo, no obtengo unas ganancias satisfactorias, retiro mi inversión, sin preocuparme del desastre que se forme atrás.
No faltan quienes argumentan que el capital extranjero goza de esas prerrogativas hace mucho tiempo. Y que no reconocer tales “derechos” a la ciudadanía local constituye una discriminación y una falta de sentido práctico. Los conceptualistas (y/o las conceptualistas, no se sabe), evidentemente, vibran en esta cuerda.
Estos argumentos ilustran hasta qué punto ha calado el “sentido común” burgués y capitalista y la naturalidad con que se asumen en la Cuba “socialista”. La visita del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, no fue más que una postalita, pues la sociedad de mercado hace mucho que barre con corazones y mentes por estos lares. La burocracia estatal es de sobra conocida por su falta de agilidad en la gestión empresarial. Su incapacidad en la conducción económica y administrativa no se debe remediar, sin embargo, con medidas de privatización disfrazadas.
Los derechos de gestión de la producción y reproducción de la vida material y espiritual que se debaten, no deben ser privilegio de unas pocas personas adineradas. No podemos ofuscarnos, no debemos creer que la libertad y prosperidad de una sociedad dependerán de que un ínfimo porcentaje de la población dispongan sobre tales prerrogativas ni a través de mecanismos administrativos, como la burocracia estatal ni por títulos de propiedad capitalistas. Socialícese la gestión y la administración, que la clase trabajadora la tome en sus propias manos, con su inteligencia natural y desarrollada a través de la educación.
El único pensamiento socialista coherente consiste en defender que la administración y gestión de los medios de propiedad, fundamentalmente los medianos y grandes, estén en manos de la clase trabajadora. De todas las personas que efectúan trabajo socialmente útil, sin supuestos intermediarios que en realidad usurpan la soberanía de aquellas. Con su urgencia por atraer financiamiento, la clase dirigente actual quiere vender el ejercicio de tales derechos, tan desesperadamente que busca compradores también en el único mercado que le faltaba por explorar, el de la ciudadanía cubana. Defendamos los derechos reales de los 99 %, no los supuestos derechos del 1%, que imponen la falta de derechos para el otro 99.
Los colectivos de personas trabajadoras pueden apreciar necesidades de financiamiento. Les pertenece una soberanía inalienable. Podrían negociar, por tanto, empréstitos con el resto de la sociedad cubana o con capitales extranjeros que acepten los riesgos, de acuerdo con la legislación.
Para concluir, planteemos la siguiente pregunta capciosa a las personas sagaces que nos leen. ¿Quiénes creen que serán los beneficiados con las primeras y mejores opciones de inversión, en las empresas semi-privatizadas del Estado cubano?
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario